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AFP
Estudiantes de las escuelas normales del estado se sumaron a las protestas de los maestros de la coordinadora nacional, en protesta a la ley de privatización del ISSSTE.
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Rosalía Vergara
Distrito Federal, México
En marzo del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La discusión tardó sólo dieciséis días, y finalmente se cambió el régimen de jubilaciones y pensiones de la burocracia mexicana, obligando a los trabajadores a optar por un bono de jubilación o por una Afore, aseguradora privada cuyas cuotas laborales cotizan en la Bolsa de Valores. Sin embargo, en esta ocasión los trabajadores rechazaron la legislación por considerarla una forma de privatizar la seguridad social, y porque los orillaba a cotizar más para evitar el desfonde económico de la institución, que ha sido mermada por administraciones pasadas que han usado los recursos que les dio el Estado para acciones políticas.
Por eso, entre mayo del año pasado y enero de este año, en un hecho histórico en México, alrededor de 2,5 millones de trabajadores se ampararon contra la nueva ley del ISSSTE. Y un año después, ante la complejidad del caso, el análisis de la constitucionalidad de la ley estaba en manos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo órgano de justicia del país.
La discusión comenzó el pasado 16 de junio y terminó el jueves 20. En cuatro días, los magistrados resolvieron los detalles más significativos de una reforma a la que consideraron "oscura y compleja". Rechazaron que fuera retroactiva porque afecta derechos adquiridos de los trabajadores, al condicionar los requisitos de 24 seguros a los que tienen derecho, entre ellos, el de cesantía, vejez y muerte. Al final, la Corte otorgó los amparos para miles y miles de trabajadores, pero no declaró inconstitucional la ley, que se aplicará a los nuevos trabajadores contratados por el ISSSTE.
Eduardo Miranda, de la Unión de Juristas de México, Eugenio Narcia, del Buffet de Asesoría Jurídica Laboral, Alfonso Bouzas, académico y abogado de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo Pérez Saucedo, de la Unidad de Estudios de Seguridad Social, y Artemio Cruz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimiento de Resistencia contra la ley del ISSSTE, aseguraron que no están satisfechos con el fallo de la Corte y anunciaron que ampliarán sus estrategias jurídicas y sociales para lograr su anulación.
En principio, el próximo 27 de junio se realizará una movilización contra la decisión de los magistrados, y ya se prepara un paro cívico nacional para el 1 de septiembre, día del Segundo Informe Presidencial de Felipe Calderón. Incluso, se podría sumar esta lucha a la que impulsa el Movimiento en Defensa del Petróleo contra la reforma energética.
Entre otras cosas, los magistrados sólo declararon inconstitucionales cinco artículos de la nueva ley que contemplan cambios mínimos a la misma -que las dependencias aporten 2% del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a las pensiones; que el aumento de las cuotas para jubilación sea gradual, es decir, un porcentaje que se incrementa cada año hasta llegar a cubrir el 6.125% de su salario para el año 2012, por ejemplo-. También garantizaron que los cónyuges de un trabajador fallecido puedan cobrar la jubilación sin condiciones, pues la nueva legislación se lo impedía a quienes se jubilaran seis meses después de haber contraído matrimonio o después de haber cumplido 55 años de edad. Y se declaró inconstitucionales el artículo 25, que señalaba que si una dependencia no pagaba sus cuotas al ISSSTE se negaría el servicio médico a sus trabajadores, y el 251, que estipulaba que si un trabajador no cobra su pensión en diez años, la pierde automáticamente.
A pesar de que se lograron acuerdos, el ministro Juan N. Silva Meza opinó que dicha ley sigue siendo inconstitucional porque "viola el principio de no retroactividad y el procedimiento legislativo". Pidió que se diera constancia de sus dichos en las discusiones públicas, a lo que se sumó el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Para los que objetan la ley, la Corte no discutió los temas de fondo, "la privatización del sistema pensionario que hace desaparecer la obligación del Estado como patrón y asegurador social", dicen. Miranda calificó el fallo como "limitado e insuficiente", porque favorece a los amparistas en cuestiones jurídicas, "pero políticamente es una muestra de la impartición de justicia por consigna, pues los magistrados están respondiendo a los intereses de quienes están en el poder y cuidando las finanzas del Estado y del ISSSTE a costa del sacrificio de millones de trabajadores en activo y sus familiares". En su opinión, los ministros decidieron "de manera muy apresurada" resolver las 223.810 demandas de amparo que se interpusieron en un año.
Eugenio Narcia consideró que esta resolución "es como darles centavos a los pensionados" y afirmó que "no se tocó un tema clave como la privatización de la seguridad social". Para Alfonso Bouzas, abogado laboralista y académico de la UNAM, quien representa a alrededor de cien profesores de la casa de estudios, la decisión es "dramática" porque los cinco artículos resueltos son "bisutería frente al conjunto". Narcia sostiene que "es una decisión demasiado precipitada, que recoge muy poco que lo que los interesados alegaron como violación a sus derechos. Es insignificante lo reconocido", remató.
Terra Magazine