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AFP
El gobierno de Hugo Chávez tiene en su lista de empresas a nacionalizar a gigantes como Coca-Cola, Pepsi, Firestone y Nestlé.
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Marianna Párraga
Caracas, Venezuela
Aunque algunos se sorprendieron, los anuncios del presidente Hugo Chávez esta semana sobre la estatización de las subsidiarias venezolanas de tres empresas cementeras -Cemex, Lafarge y Holcim- y la acería Siderúrgica del Orinoco, controlada por capital argentino, tienen en realidad muy poco de novedad. Una lista elaborada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), una organización sindical con influencia en el gobierno y con participación activa en muchas de las maniobras de nacionalización, enumeró 900 empresas que podrían estar sujetas a intervención estatal.
Prácticamente todas las compañías que desde 2004 han estado involucradas en procesos de estatización, cogestión o cualquier otra forma de intervención figuran en la lista, incluyendo a Cantv, Electricidad de Caracas, Vengas, Venepal, Constructora Nacional de Válvulas, Sanitarios Maracay y el Teleférico de Caracas, todas intervenidas entre 2005 y 2008. También aparece Sidor en la lista, una compañía que ha recibido en el pasado amenazas directas de estatización del Presidente Chávez, a raíz de la poca atención que a su juicio le presta a un mercado interno que cada vez demanda más acero para atender el crecimiento de sectores clave como la construcción y el petróleo.
En varios de los anteriores intentos de intervención de Sidor, el gobierno argentino, particularmente Néstor Kirchner, de fuertes vínculos con Techint, una de las principales accionarias, ejerció funciones que trascendieron la mediación. Se puede afirmar que el mantenimiento del capital argentino en la empresa se debió a la oportuna participación de la Casa Rosada en el conflicto.
No obstante, Sidor no ha dejado de ser un objetivo estratégico para el gobierno venezolano. Así lo han manifestado líderes del movimiento sindical que tienen participación en el Estado, como Oswaldo Vera, vicepresidente de la comisión de Desarrollo Social del Parlamento. Aunque Vera y el propio vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, afirman que la principal razón de la estatización de la acería es laboral -la negociación de la convención colectiva acumula más de un año sin resultados tangibles-, otros parlamentarios acusan incumplimientos del contrato que el año pasado había puesto fin al conflicto.
Mientras la empresa mantiene otra versión, el diputado Francisco Torrealba dijo a Terra Magazine que Sidor "ha venido siendo subsidiada por el Estado venezolano en diferentes formas -servicio eléctrico e impuestos-, por lo que sólo se está sincerando su situación". Torrealba añadió que la empresa no cumplió con su compromiso de privilegiar el mercado venezolano, lo cual se evidencia por la escasez de materiales como cabillas, y estableció redes de comercialización que discriminaron al resto de las cadenas y propiciaron la especulación con los precios. También puso en duda la integridad e Ternium, principal accionista de Sidor. "Habría que revisar su comportamiento en el sector empresarial argentino, porque yo no descartaría que fueran responsables de las paralizaciones y las acciones que están ocurriendo allá".
Cadena de estatizaciones
Tras la fuerte escasez de leche que vivieron los venezolanos hasta hace pocas semanas, el Estado anunció la estatización de Lácteos Los Andes a través de una compra orquestada por Petróleos de Venezuela, compañía que está en vías de establecer una red propia de comercialización de alimentos, llamada Pdval, dirigida a la clase media venezolana.
A apenas dos semanas de ese anuncio, el Presidente Chávez anunció la "nacionalización" de las tres mayores cementeras que operan en Venezuela y que controlan 90% del mercado interno, proceso que se encuentra en negociación pues, a diferencia de otras estrategias, en este caso se busca adquirir el paquete accionario mayoritario y no la totalidad de las acciones, lo que daría lugar a la conformación de empresas mixtas, un modelo que se ensaya desde 2005, particularmente en el sector hidrocarburos.
El cemento es otro de los insumos para la construcción que ha mostrado fallas evidentes. Aunque muchas empresas argumentan que este fenómeno se explica por el incremento acelerado que ha sufrido la demanda en muy poco tiempo, el Gobierno no justifica que estas compañías no hayan elevado hasta ahora su capacidad instalada para atender el consumo, sin mencionar que el cambio de modelo económico hacia el socialismo que anuncia Chávez constantemente genera temor entre los empresarios.
El Gobierno no explica tampoco por qué recurre a la estatización teniendo proyectos en preparación que implican la instalación de nuevas fábricas, una de ellas de cemento con aporte de capital iraní. Algo similar ocurre con el sector lácteo, tras la estatización de una planta de leche en Machiques que era propiedad de la italiana Parmalat.
Las nuevas estatizaciones revelan, entonces, fallas y retrasos en los planes estatales. Al no vislumbrarse una solución inmediata a estos obstáculos, dan lugar a la toma de medidas de urgencia. La lista de empresas a ser intervenidas por el Estado aún tiene centenares de compañías en la mira, entre ellas gigantes como Coca-Cola, Pepsi, Alimentos Polar, Firestone, Good Year, Bigott, Owens Illinois y Nestlé. Según los cálculos que han hecho expertos en finanzas, el Estado en conjunto cuenta con unos 12 mil millones de dólares para hacerlo realidad.
Terra Magazine