La maldición de los servicios públicos

EFE Manifestantes durante protesta en Valparaíso. La actual huelga de trabajadores provoca una reflexión crítica de Juan Guillermo Tejeda acerca del servicio público chileno.

Juan Guillermo Tejeda
Santiago, Chile

Se discute estos días, en medio de una huelga masiva de trabajadores de ministerios, hospitales, educación, salud, el reajuste para los funcionarios públicos chilenos. Parece claro que desempeñando la función pública es difícil encontrar la felicidad. No sólo por los malos sueldos, sino porque estamos ante un sistema decimonónico, postpinochetista, que estimula la pasividad y desaconseja la actividad.

Basta echar una mirada al Estatuto Administrativo para encontrar allí las firmas de sus mentores intelectuales, el almirante Merino y el general Pinochet, entre otros, y un ambiente generalizado de sospecha y burocracia a lo largo del texto. Se han realizado en los últimos años algunas tímidas reformas, pero pese a ellas ahí están los funcionarios flotando en las aguas espesas de un dispositivo que, entre otras muchas características, tiene la de pensar muy poco en las personas. Para el aparato público no parecen ser relevantes ni los funcionarios como seres humanos, ni tampoco los ciudadanos. Lo que importan son los horarios, las sanciones, las instancias, las incompatibilidades, las excepciones.

Uno quiere imaginar que en el siglo 21 lo que le preocupa a los ciudadanos no es que la señorita a cargo de una sección o el funcionario que se desempeña en otra cobren poco y estén muchas horas pegados a una silla, sino más bien que el sistema sea ágil y amable. Es decir, que la función pública se oriente al usuario.

Pero las cosas no son así. Y no lo son desde la mismísima Contraloría General de la República, repartición cuyas funciones consisten en asegurar que los procedimientos establecidos para cada caso se respeten al pie de la letra. La realidad, siempre más rápida y diversa que lo que cualquier estatuto administrativo puede suponer, suele aconsejar a menudo otros procedimientos quizá más eficientes, pero lo que cuenta en nuestro aparato público es la formalidad y sobre todo la formalidad certificada por escrito: las nueve copias, el plazo preceptivo, la notificación al superior, el sello y timbre, la carta certificada. El sistema público chileno -del que por cierto hay que decir que es el menos corrupto de América Latina- sigue siendo antiguo, horriblemente lento, alejado de toda belleza, engorroso y carente de estímulos tanto para los funcionarios como para quienes deben ir a hacer cualquier trámite.

Dicen que hay países más felices, donde las Contralorías se han modernizado, y se ocupan de que la suma de los pasos administrativos de cualquier acción de los empleados públicos culmine con éxito, y que de manera eficiente solucione los problemas de los usuarios. ¿Tienen que ser siempre feos y desordenados los recintos públicos? ¿Por qué pese a cualquier buena voluntad termina todo funcionario envolviéndose a sí mismo en una nube de indiferencia, estando allí como si estuviera ausente?

Lo que cuenta para la filosofía del Estatuto Administrativo es no cometer errores, y para no cometer errores lo más seguro es abstenerse de actuar. El formalismo chileno, ese enamoramiento de los protocolos de acción que es al mismo tiempo un escamoteo del sentido mismo de esa acción, encuentra en lo fiscal, en lo público, un légamo fecundo para instalarse.

Merecen los funcionarios públicos sentirse orgullosos de lo que hacen, y formar parte de redes inteligentes orientadas a resultados, donde se premien el mérito, la superación personal, los diversos talentos, la buena disposición. Merecemos los chilenos unos servicios públicos modernos, digitalizados, inteligentes, atentos al cambio. Pero nuestros políticos quieren condenarnos a que lo público sea siempre desolado, tristón y burocrático. Piensa uno en cambio -para pescarse de algo que no sea deprimente- en el reemplazo de la antigua Dirección de Aprovisionamiento del Estado por el moderno Chilecompra, que quizá tenga sus limitaciones, pero que sin duda es un paso adelante.

La modernidad ataca, sin embargo, al sistema tal como está de anquilosado, y lo hace de la peor manera posible: discurriendo los altos cargos del estado diversas artimañas para contratar personal sin contratarlo formalmente, es decir, tejiendo una tupida red de personas a honorarios que luego no tendrán previsión; o poniendo su atención y corazón los funcionarios en cualquier actividad que no sea aquella para la cual fueron contratados y a la que están esclavizados a cambio de una paga mezquina. Mientras nadie contesta los teléfonos miles de conversaciones no oficiales se realizan a través de los teléfonos móviles. Es decir, en el interior de la solemne pirámide administrativa se reproducen de manera anárquica y perversa las relaciones propias de los malls y del libre mercado.

Pese a que se habla débilmente a veces de una mentada reforma del estado, no parece que vaya a haber novedades en un futuro próximo: la estructura del aparato estatal es uno de los nudos medulares que amarra y al mismo tiempo separa a los dos grandes bloques políticos del país. Podemos prepararnos para años, si no décadas, de ineficiencia, obsolescencia y burocracia del sistema público, junto a la correspondiente desazón por parte de funcionarios mal pagados y mal tratados. Toda esa fealdad y mezquindad corresponde al discurso ideológico de una derecha obsesionada con las virtudes de lo privado y ciega a todo lo que sea público, y a la debilidad babosa de una coalición de centroizquierda que ha perdido la fuerza y las ideas para llevar adelante las reformas que el país necesita.