Álvaro Uribe enfrenta su mayor crisis institucional

AP El encarcelamiento de Mario Uribe, primio segundo de Álvaro Uribe Vélez, fue el hecho que excedió a tolerancia del presidente colombiano.

María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia

La decisión de la Fiscalía de mandar a la cárcel al ex senador Mario Uribe, primo segundo del presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, fue la gota que rebasó la copa de la crisis de legitimidad institucional que se ha venido dando lentamente en Colombia, a medida que se ha ido destapando el escándalo de los vínculos entre políticos y paramilitares, conocido como la parapolítica.

El muy popular gobierno de Uribe había soportado con relativo estoicismo (o buen cálculo político) el desfile continuo de congresistas, gobernadores y alcaldes uribistas rumbo a la cárcel, acusados por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía de haberse beneficiado de los pactos de sangre con los paramilitares. Es más, había aumentado el presupuesto de las dos instituciones judiciales para que ampliaran su capacidad investigativa. Sin embargo, había enviado claras señales a la justicia de que el límite de su tolerancia llegaba hasta el caso de Mario Uribe.

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El ex senador Uribe es de la entraña del presidente, no sólo por el parentesco, sino porque su partido, Colombia Democrática, nació de una disidencia del liberalismo liderada por el propio presidente Álvaro Uribe, y así lo proclamaba orgulloso el partido desde su fundación. Mario fue el ponente coordinador de la Ley de Justicia y Paz que trazó el marco legal para la desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia, una macrosombrilla bajo la cual se cobijaron paramilitares de diversos calibres e intenciones provenientes de todo el territorio colombiano, responsables de una carnicería de casi mil masacres entre 1999 y 2003. Mario defendió hasta donde pudo el proyecto original del Gobierno, que era bastante más laxo con los jefes de las AUC del que finalmente quedó en firme.

También fue el experimentado y hasta entonces respetado senador Uribe el paladín de la gesta oficial para conseguir del Congreso la reforma constitucional necesaria para aprobar la reelección que llevó al presidente Uribe a repetir en la Casa de Nariño. El primo era para Álvaro un aliado invaluable en su manejo del Legislativo.

Como el presidente, Mario Uribe, de 58 años, es típico antioqueño recio, de montaña, al que le gustan los caballos y el campo. De trato amable con sus colegas del Congreso, tenía ascendencia sobre ellos, y además era admirado porque en momentos críticos, como cuando después de caer de un caballo casi pierde la vida, mostró su temple. Apenas salió de la sala de cuidados intensivos ya estaba haciendo reuniones en el mismo hospital para la siguiente campaña política.

Por todo eso el presidente hizo hasta lo imposible por proteger a su primo. Como Mario era senador, fue la Corte la que le abrió investigación después de varias denuncias de grueso calibre. En una, un ex paramilitar llamado Pitirri, que resolvió colaborar con la Justicia colombiana, dijo que se había reunido con Mario Uribe para hablar de tierras que el senador quería comprar a unos paramilitares; otro jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le dijo a la Justicia que se reunió con él dos veces para debatir sobre el objetivo de las autodefensas de expandir su influencia política en 2002; y una congresista que ya aceptó su complicidad con los paramilitares admitió que ella había presenciado una reunión entre Mancuso y Mario Uribe.

La revista colombiana Semana publicó otra pieza complicada: la venta que hizo Mario Uribe de una finca que tenía en su pueblo, Andes, a un reconocido narcotraficante apodado "el Tuso Sierra". Uribe alegó en su defensa que no sabía que el hombre era narcotraficante cuando le vendió la tierra. Las investigaciones académicas que descubrieron alianzas entre paras y políticos por las votaciones atípicamente altas que consiguieron en algunos candidatos en los municipios también levantaron preguntas acerca de por qué Mario Uribe obtuvo un súbito incremento de votos en 2002 en una zona de amplia influencia paramilitar en la que él no tenía tradición política.

Pero cuando la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador, éste renunció a su fuero y su caso pasó a la Fiscalía (en Colombia los congresistas son investigados por la Corte, pero si renuncian a su curul, sus casos pasan a la Fiscalía). Como lo aseguró públicamente el presidente de la Sala Penal de la Corte, entonces el presidente Uribe lo llamó preocupado por su primo. El presidente Uribe reaccionó con vehemencia y (algo no visto antes) lo demandó por calumnia. El caso aún no se resuelve.

En esos mismos días, hacia octubre de 2007, el presidente Uribe hizo una extraña denuncia sobre un paramilitar, con el pintoresco nombre de "Tasmania", que brindó su testimonio ante un magistrado auxiliar de la Corte en el caso de Mario. Dijo el presidente que supuestamente el magistrado le habría ofrecido beneficios jurídicos a Tasmania, a cambio de su testimonio contra él. El magistrado, de impecable reputación, dijo que el testigo sí había ofrecido hablarle contra el presidente Uribe, pero que él le aclaró que no era de su competencia. No es difícil interpretar esta maniobra, así como la demanda contra el presidente de la Corte y presiones del Ejecutivo a la Corte con el objetivo de proteger a Mario Uribe.

Días antes de que la Fiscalía tomara la decisión de ordenar la captura de Mario Uribe (más bien inesperada, pues el fiscal general Mario Iguarán, fue viceministro de Justicia del propio gobierno de Alvaro Uribe y había sido cauteloso en sus decisiones frente a la parapolítica), el ambiente político colombiano se cargó de rumores, que incluían presuntos sobornos a la Corte cuando nombró al fiscal Iguarán en 2005.

Imposible saber de dónde salieron esos rumores, pero constituyeron otra presión más sobre la Justicia, justo antes de fallar el caso de Mario Uribe. Al tiempo, el presidente -en arengas públicas que rayaban en la intromisión en asuntos de la rama judicial- dio instrucciones a la justicia sobre cómo debía actuar. Todos los esfuerzos del Ejecutivo para evitar que su gran aliado Mario Uribe vaya preso con los otros 31 congresistas investigados por parapolítica fueron en vano. La última movida -una equivocada y algo vergonzosa intentona del ex senador de conseguir el asilo político en Costa Rica, después de que la Fiscalía dictara su detención- también fracasó.

Con Mario Uribe en la cárcel, y sumando 66 congresistas procesados por parapolítica, la crisis institucional estalló. El gobierno está buscando fórmulas para encontrarle una salida que no termine llevándoselo por delante, pues desde que el principal hombre del Ejecutivo en el Congreso quedara tan gravemente en entredicho, su credibilidad, hasta ahora tan sólida, ha empezado una rápida erosión.

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