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María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia

En medio de uno de los momentos de mayor polarización en la historia política reciente de Colombia ocurrió un milagro silencioso. Congresistas de partidos rabiosamente opuestos, uribistas y de izquierda, de religiones antagónicas o de etnias y regiones diversas se pusieron de acuerdo hace una semana para empujar un proyecto de ley que puede, al menos en potencia, cambiarle la vida a medio país.

Le apuesto, señor lector, que a medida que lee esto se va imaginando a los señores encorbatados que suelen habitar estos augustos recintos. Pues no. Fue cosa de mujeres. Las 28 parlamentarias del Congreso colombiano -un ínfimo 10% de los 268 legisladores- resolvieron crear una original "bancada de mujeres", por encima de sus profundas diferencias ideológicas, de intereses y representaciones. Las unió el ideal común de crear una ley para proteger a las mujeres colombianas de todas las formas de violencia.

El proyecto, que ya salió airoso del Senado y pasa ahora a Cámara, incluye, entre otras novedades, que la violencia intrafamiliar no sea excarcelable, pues impone una pena mínima de cuatro años; que se castigue también al novio violento y no sólo al cónyuge legalmente establecido; que la víctima de la violencia doméstica esté protegida mientras su pareja esté siendo juzgada y que el Estado le brinde la atención acorde con su género. Esto último en la práctica significa, por ejemplo, que una mujer violada o golpeada tenga derecho a exigir que sea una médica, y no un doctor, quien le practique el examen legal, y que los policías que atiendan su denuncia la atiendan con respeto y no con el consabido "quién sabe qué hizo para merecerlo".

El debate con la inmensa mayoría de congresistas hombres fue álgido. En la Comisión Primera fue una lucha de una contra 19. La senadora Gina Parodi, de 33 años, autora y ponente de la ley, dio la pelea y la ganó casi en todo. Pero un senador, tan uribista como ella, pero seguramente más machista, impidió que se le quitara el carácter de querellable al delito de la violencia intrafamiliar. Esto implica que si un marido muele a palos a una mujer y ésta no lo quiere denunciar, la justicia no hace nada. Y si lo denuncia pero luego él la reconquista con flores y ella se reconcilia, el Estado cierra el caso, aunque todos los estudios indiquen que lo más probable es que la golpiza se repita.

No obstante en la plenaria, los argumentos varoniles sucumbieron ante la tarea juiciosa de las senadoras, que se pararon con argumentos a defender su causa. "Los hombres no saben discutir a la par con mujeres, y cuando ellas se unen, ellos se atemorizan", dice con algo de sorna la senadora Cecilia López.

La norma que causó la mayor polémica fue sin embargo la que convierte en delito al acoso sexual y que establece que "el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años".

¿Quiere decir que si pasa la ley quedarán vetados los tradicionales piropos latinoamericanos? ¿O que nuestra forma de ser, bastante más melosa y menos temerosa del contacto físico que, por ejemplo, la de estadounidenses o escandinavos, se volverá ilegal en oficinas y universidades? No. Para que haya acoso sexual se requiere mucho más que un coqueteo o una galantería. Son casos extremos. Se necesita que la persona con mayor poder (el jefe, profesor, médico) chantajee a la persona más vulnerable (empleada, alumna o paciente) y amenace con tomar represalias en su contra sino cede a sus pretensiones amorosas.

O bien, que el poderoso hostigue de tal manera a la débil que ésta última no pueda vivir tranquila (le mande mensajes, la persiga, intente tocarla o cualquier otra conducta obsesiva). O, incluso, que el poder del acosador frente a la víctima sea tal, que ésta ni siquiera sepa que tiene derecho a no acceder a sus demandas sexuales (el patrón de hacienda con una campesina).

Tampoco busca la ley que el acosador termine en la cárcel. Al darle una pena mínima de un año, el delito es excarcelable. Lo que se quiere es asustar a los acosadores para que sepan que si sus flirteos se pasan de la raya, no sólo serán expuestos en público, sino que pueden terminar ante una corte judicial. Dicho de otro modo, si la ley sale airosa del Congreso, a los jefes abusadores se les va a agüar la fiesta.

Esta ley contra la violencia casera, por supuesto, no dice expresamente que son las mujeres las protegidas. Busca amparar a cualquier persona, hombre o mujer, que sea víctima de la violencia o el acoso de otro más fuerte. Pero, según la senadora Parodi, en el 85% de los casos reportados las víctimas son mujeres, y por eso se considera que será una herramienta para protegerlas.

La cuestión es tan grave que se calcula que el 8% de las mujeres que están desempleadas han perdido su trabajo como consecuencia de las golpizas y los vejámenes de su marido. Faltan al trabajo por vergüenza o porque pierden la autoestima y el empleador, creyéndolas irresponsables, las echa. Gran parte de la gran violencia colombiana empieza en casa. Por eso es un logro mayúsculo que las congresistas colombianas hayan superado sus desavenencias políticas para contribuir a que medio país, que son las mujeres, empiecen a vivir con mayor libertad en su vida cotidiana. De ahí que por ese camino las legisladoras comenzarán también a sembrar la paz del otro medio país.

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