María Teresa Ronderos
Bogotá, Colombia
Sobre estos logros se cimienta la popularidad de Uribe. Le ayudaron a sostener su propia reelección con un récord histórico de votos y a lograr una cómoda mayoría en el Congreso en 2006; según las encuestas, su gestión tiene hoy un respaldo de más del 60%. Sin embargo, desde que empezó 2007, el Presidente se la ha pasado a la defensiva, dando explicaciones ante cada escándalo que estalla y con dificultades para pasar sus proyectos de ley en el Congreso. No parece lógico... ¿Por qué un presidente con una popularidad tan sólida y un margen de maniobra política tan amplio se ve hoy tan acosado?
En parte, la respuesta está en su estilo de liderazgo excesivamente controlador. Uribe ha pretendido microgerenciar todo, desde responderle al ganadero amigo al que le robaron unas reses, hasta negociar personalmente el TLC. Esto le ha impedido prever dificultades grandes, ha perdido iniciativa y usa gran parte de su energía en apagar incendios, muchos de ellos causados por su propia improvisación. El margen de equivocación de este tipo de liderazgo, como ya ha sido estudiado por los politólogos, es alto.
La otra parte de la respuesta está en la falta de claridad con que el gobierno ha manejado el paramilitarismo, esa medusa de múltiples cabezas que se infiltró en la vida colombiana en la última década. Negoció el pacto de desmovilización y desarme de las Autodefesas Unidas de Colombia (Auc) con ambigüedad. En el acuerdo de desmovilización y desarme que firmó el gobierno con las Auc, conocido como el Acuerdo de Ralito, ha debido quedar por escrito todo el negocio político. Pero no fue así. Las Auc no se comprometieron allí a entregar sus bienes ni a reparar a las víctimas ni a decir la verdad.
Tampoco hicieron explícito cómo desmontarían sus negocios de narcotráfico. El gobierno no definió las condiciones de su reclusión ni cómo procedería con sus testaferros y auxiliadores; y dejó la extradición pendiente como espada de Damocles sobre las cabezas de las Auc. Cada una de estas ambigüedades han dado pie a crecientes tensiones entre gobierno y paramilitares, y el proceso ha perdido credibilidad.
Por el acuerdo se desmovilizaron 31.000 paramilitares que entregaron 18.000 armas. La gran mayoría de esos hombres no tenía procesos judiciales en su contra por delitos de lesa humanidad y fueron indultados, pero 59 jefes de las Auc, que sí tienen procesos por delitos atroces, deben esperar sus juicios en reclusión.
Recientes grabaciones clandestinas publicadas por la revista Semana revelaron que varios presos de las Auc negociaron asuntos de drogas ilícitas y ordenaron asesinatos desde la cárcel. También hay denuncias de que grupos bajo el comando de estos jefes están ejerciendo un poder intimidante en la campaña electoral para elegir autoridades regionales y locales en octubre próximo. Por estas violaciones al Acuerdo de Ralito, ningún paramilitar ha perdido los beneficios, y el gobierno, de tanto blandir la extradición a Estados Unidos como su última arma de presión para hacerlos cumplir, la está convirtiendo en un tiburón mueco. Algunos ya están negociando su colaboración directamente con Estados Unidos.
El gobierno concibió la ley que enmarcó este proceso con miopía y sobrestimó su habilidad para sacarla en los términos pactados con los jefes de las Auc, que básicamente contemplaban su desmovilización a cambio de la excarcelación. Fue sordo frente a las críticas -de la oposición, la comunidad internacional y aún de los propios uribistas- sobre la inconveniencia de presentar una ley así de laxa, cuando las exigencias internacionales frente al juzgamiento de crímenes atroces habían cambiado tanto desde la creación de la Corte Penal Internacional.
Y luego, cuando la ley salió finalmente enmendada por los congresistas críticos, pimero, y por la Corte Constitucional, después, el pacto de Ralito comenzó a tambalear. Los ex jefes de las Auc han argumentado que lo que les exige la ley no es lo que acordaron con el gobierno. Por eso su colaboración con la justicia ha sido errática: unas confesiones explosivas que salpican a medio mundo y anuncios de entregas de bienes multimillonarias y otras versiones libres reacias. Queda la duda de cuáles de esas confesiones han sido más un instrumento de chantaje para asegurarse impunidad que una auténtica voluntad de contribuir a la verdad.
Por otra parte, al gobierno le han faltado visión, eficacia y recursos para montar y financiar las nuevas instituciones encargadas de investigar y juzgar debidamente a los paramilitares autores de crímenes de lesa humanidad y para responderles con verdad, justicia y reparación a sus víctimas. Los procesos van a paso de tortuga, y si no se hace un esfuerzo presupuestario enorme, pueden tomar años, con el consecuente desgaste ante cada revelación que surja de allí. A la vez, ni víctimas ni colaboradores de la justicia están siendo protegidos debidamente y varios han sido acribillados.
La tapa ha sido la torpe reacción al destape de la infiltración del paramilitarismo en el Estado y en otras esferas de la dirigencia colombiana. El escándalo tiene a 13 congresistas y dos gobernadores en la cárcel. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía están investigando a muchos otros políticos, entre ellos al ex jefe del principal servicio de inteligencia, DAS, nombrado por Uribe. Si bien hay que reconocer que el gobierno ha otorgado a la Justicia recursos extraordinarios para estas investigaciones, pese a que todos los 15 procesados pertenecen a partidos uribistas, también es verdad que ha reaccionado a la defensiva. En lugar de pedir justicia para los implicados, ha tratado de enlodar a los denunciantes, y últimamente el Presidente propuso buscar una fórmula para excarcelar a los parapolíticos.
La popularidad de Uribe se ha sostenido en la tríada de confianza: seguridad, anticorrupción y buena economía. Por los vacíos y bandazos en el manejo del desmonte paramilitar la gente ha perdido fe en cómo Uribe maneja la seguridad. Tampoco creen ya tanto en su postura enérgica contra la corrupción cuando pide excarcelar a políticos que han hecho pactos de sangre para ganar elecciones. Su popularidad, sin embargo, se mantiene porque hoy se deriva sobre todo del buen desempeño económico. No así su gobernabilidad, que seguirá en deterioro mientras no gaste más tiempo y energía en hacer sostenible el enorme logro de la desmovilización paramilitar y menos en intervenir en cada minucia del Estado.
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