Aprueban ley para que haya más mujeres en el Parlamento uruguayo

Reproducción La senadora socialista Mónica Xavier, un ejemplo de la escasa presencia femenina en el parlamento uruguayo.

Jorge Barreiro
Montevideo, Uruguay

El Senado uruguayo acaba de aprobar una ley que obliga a los partidos políticos a incluir, como mínimo, a una mujer cada tres candidatos en sus listas a cargos electivos en las elecciones nacionales de 2014 y las municipales de 2015. Es decir que, en principio, todos los cargos electivos podrán estar ocupados por mujeres. La nueva norma, en cambio, limita el número de candidatos de varones a dos tercios del total. Es lo que se denomina discriminación positiva. Esto es, dado que las mujeres sufrirían una discriminación a causa de su condición, la ley pretende corregirla con otra discriminación.

Las largas negociaciones parlamentarias que precedieron a la aprobación del texto demuestran que, salvo algunos brontosaurios nativos, casi nadie quería dejar de "salir en la foto" ni perder la oportunidad de dejar constancia de su corrección política. Lo que algunas feministas esgrimen como prueba del machismo imperante (las hesitaciones de esa mayoría de legisladores varones que terminaron aprobando la ley a desgano, supuestamente para no quedar "mal parados" ante la opinión pública) bien podría estar demostrando todo lo contrario, es decir que no vivimos en una sociedad tan primitiva como pretenden quienes fueron a presenciar los debates parlamentarios vestidas con ropas negras hasta los tobillos y la cabeza cubierta para sugerir que la condición de la mujer aquí y en Irán es más o menos la misma. Si es cierto que los más machos de nuestros legisladores votaron como votaron únicamente para no quedar "mal parados", de alguna manera se reconoce que a la sociedad, o a una buena parte de ella le resulta inaceptable la desigualdad entre hombres y mujeres y considera que esta ley de cuotas contribuirá a mitigarla. Que la mentada ley vaya a tener o no semejantes poderes curativos es harina de otro costal.

El reclamo de que haya más mujeres en el Parlamento parte del supuesto de que lo lógico sería que la composición del Parlamento reflejara más o menos fielmente la estructura de la sociedad. Se lo reconozca o no, lo que se viene a decir es que si hay 50% de mujeres en la sociedad, a la corta o a la larga, tendremos que marchar hacia un Parlamento con 50% de mujeres. Lo mismo podría alegarse respecto de los negros o de los homosexuales. Si el 4% de la población uruguaya es negra u homosexual, pues entonces que haya 4% de legisladores negros y 4% de homosexuales. Es esta idea la que pretendo impugnar en estas líneas. La cuotificación en todo caso es un asunto menor, siempre y cuando, claro, se reconozca el carácter discriminatorio de la iniciativa y la misma sea transitoria.

Si la política fuera una traducción exacta de la sociedad civil, como pretenden quienes reclaman que cada grupo específico o clase tenga su propio nicho, si se la concibiera como un edificio dividido en habitaciones en las que cada parte es soberana, se la convertiría en una tarea imposible. Desaparecería como espacio de articulación y síntesis y su lugar sería ocupado por una guerra de todos contra todos, en una mera lucha por espacios de poder, que es la forma de reducirla a escombros. La radical despolitización que esto significa debería llamar a la reflexión, porque el reclamo de que haya más "de los míos" en el Parlamento es, por así decirlo, un reclamó pre-político. Se desentiende de la deliberación o de la exposición de argumentos acerca del bien común o de la razonabilidad o justicia de los proyectos y propuestas. Es un reclamo que considera que existe un derecho a estar representados en la arena política por ser quien se es, ya que supuestamente a cada parte le toca un trozo del todo. Pero a quien está interesado en política -y no en una disputa por un espacio de poder para los suyos- le tiene sin cuidado el sexo, la raza o la condición social de quien enuncia razones.

En el reclamo de la cuotificación, en cambio, está implícito que lo importante es que haya más mujeres legisladoras, con total independencia de sus puntos de vista políticos. Parecería que la idea que late detrás de esta propuesta es que para una mujer no hay nada mejor que otra mujer. De seguir este punto de vista para una mujer de izquierdas sería preferible que haya más representantes mujeres conservadoras que legisladores masculinos de izquierda. Esto puede contribuir a arruinar el ya deteriorado espacio político, a clausurar el potencial emancipatorio de la política, porque le otorga preeminencia a la condición o la naturaleza de las personas, a aquello que de alguna manera es inmodificable en ellas. Lo que viene a decir el reclamo de cuotificación es que a mi tribu le corresponde una parcela de poder, no por lo que proponemos a todos o los proyectos que defendemos, sino por lo que somos. Y eso que somos es inmodificable. La política así concebida viene a ser un mero reflejo de los intereses que existen en la sociedad, los congela en su radical inmediatez. La termina convirtiendo en una feria a la que se concurre a reclamar lo propio. Y cuando eso ocurre es lógico y racional que sólo confíe en los de mi "tribu" y exija que como tal tribu estemos representados.

La política no es posible cuando no hay espacio público, ese lugar donde se ponen en juego los diferentes intereses y deseos, donde se consideran las distintas reivindicaciones, y cuyas síntesis y decisiones casi siempre implican ignorar algunos de esos intereses particulares en aras de lo que algunos llaman "bien común" y otros justicia. Sin ese poner en juego las propios intereses y convicciones no hay política. Queda, por supuesto, pendiente de respuesta la pregunta de por qué el porcentaje de legisladoras es inferior al de mujeres en la sociedad. Ya está dicho que no tiene por qué haber una correspondencia entre ambos, como no tiene por qué haberla entre el número de legisladores homosexuales o negros y su peso en la sociedad. O de jóvenes o de estudiantes. Pero la pregunta sigue siendo pertinente.

A diferencia de otros países, no hay aquí ninguna disposición legal que impida a las mujeres ser candidatas. Si la hubiera, habría que desterrarla, naturalmente. No se trata tampoco, y conviene decirlo para evitar las descalificaciones y estereotipos en los que se suele incurrir en este tipo de discusiones, a unas inclinaciones naturales de los sexos o a la falta de talento de las mujeres para determinadas funciones, como arguyó sin demasiado pudor algún legislador deseoso de recluir a las mujeres en la cocina. Sospecho que hay que buscar en otro lado las causas del escaso número de mujeres parlamentarias, como el del escaso número de mujeres policías, militares o futbolistas. Sin pretender ingresar en honduras sociológicas, esas causas son, me parece, de carácter cultural, remiten a unas tradiciones, a una educación que han acotado las posibilidades de autorrealización de las mujeres, que las han abocado a cumplir unos determinados roles que una sociedad con aspiraciones igualitarias debería tratar de subvertir. Se trata de las mismas tradiciones y educación que sugieren que los hombres no pueden llorar o que hay tareas o profesiones propias de cada sexo. Esa división sexista del trabajo no se alterará con ninguna ley de cuotificación. Si así fuera, habría que aprobar leyes de cuotificación en la Policía, en los colegios de abogados, de ingenieros y en lo que fuera.

La discriminación positiva implícita en la ley de cuotificación que acaba de aprobarse en el Parlamento sólo podría poner remedio a un mal cuya existencia no me parece que esté suficientemente demostrada: que no hay más mujeres legisladoras porque unos hombres les impiden ser candidatas. Con toda franqueza, no veo que haya masas femeninas agolpándose en las sedes de los partidos deseosas de ser candidatas y unos porteros varones que les impiden la entrada. Me parece, por decirlo en pocas palabras, una monumental simplificación.

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