Imprimir Enviar

Jorge Barreiro
Montevideo, Uruguay

El último capítulo sobre la guerra de las pasteras entre Uruguay y Argentina se escribió el 10 de diciembre pasado, el día de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires. El penúltimo había sido escrito en la penosa cumbre de Santiago, cuando el enfrentamiento de guapos entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, que ya he abordado en otra columna de Terra Magazine.

De ambos episodios queda la evidencia de que ya no deberíamos poner ninguna expectativa en que este conflicto vaya a resolverse por vías políticas, es decir, a través de una negociación entre gobiernos. A pesar de la retórica sobre la hermandad de los pueblos del Río de la Plata, el mensaje de ambos gobiernos es que será el tribunal de La Haya el que resolverá el diferendo. Después de todo, no es tan mala cosa que un conflicto entre Estados se termine dirimiendo en un tribunal internacional.

Vea también:
» Néstor Kirchner - Tabaré Vázquez: una riña de tangueros

La historia demuestra que los conflictos entre Estados suelen resolverse por la negociación y las concesiones mutuas, por la fuerza de las armas o, más civilizadamente, por algún tribunal de justicia internacional. La primera alternativa sería la ideal, pero parece descartada en este caso, y en la segunda no piensa nadie en sus cabales. De modo que sólo queda la tercera. Dediquémosle, pues, unos párrafos a la única puerta abierta que queda en el marco de tanto desatino de ambos gobiernos.

Lo primero que hay que decir es que la controversia que se dirimirá en la corte de La Haya, a la que apeló Argentina hace más de un año, refiere únicamente a si Uruguay tomó unilateralmente la decisión de autorizar la construcción de la planta de Botnia y, por ende, si violó el Tratado del río Uruguay. La Haya no laudará si esa fábrica contamina o no el ecosistema del río Uruguay. Importa destacar este asunto, porque la controversia acerca del impacto ambiental de la pastera puede prolongarse, a pesar de que, a más de un mes de estar funcionando no hay el menor indicio de la anunciada contaminación. Y puede prolongarse porque a estas alturas no parece que haya nadie capaz de convencer a la asamblea de Gualeguaychú de que no ocurrirá la catástrofe que no ha ocurrido en ninguna de las muchas plantas de celulosa que ya funcionan en el mundo con la misma tecnología que emplea Botnia. Hasta tal punto no hay indicios de esos apocalípticos anuncios que el propio gobierno argentino no hace la menor alusión a ellos y se encarga de dejar claro en todas sus intervenciones públicas que la demanda argentina refiere exclusivamente a la supuesta violación del Tratado.

Lo segundo que hay que destacar es que para que el recurso al Tribunal de La Haya, que es la última esperanza de poner fin a este conflicto, tenga algún sentido, las partes involucradas en el mismo deben estar dispuestas sin asomo de dudas a someterse al derecho internacional y acatar su fallo. Y en este sentido, cabe formular algunos interrogantes. Uno de ellos concierne al comportamiento del gobierno argentino. En su discurso de asunción, además de amonestar al presidente Tabaré Vázquez en un contexto en que el uruguayo no podía defenderse (cosa que, como mínimo, es de mal gusto), Cristina Fernández de Kirchner proclamó por anticipado que Argentina tiene toda la razón en un conflicto que, según ella, fue causado por Uruguay.

La prueba de la razón que la asistiría a su gobierno residiría -y así lo dijo también en su discurso- es que Argentina fue la que presentó la demanda en La Haya. Con arreglo a ese criterio, en un litigio siempre le asistiría razón a la parte que tome la iniciativa de presentar una demanda. Otro motivo de duda es que Argentina no tiene antecedentes demasiado brillantes a la hora de respetar los fallos de la justicia internacional. Hace menos de dos años, un tribunal de resolución de controversias del Mercosur falló en contra del bloqueo de los puentes internacionales y Buenos Aires ignoró olímpicamente la resolución. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debería despejar estas dudas y aclarar que respetará el fallo, cualquiera que éste sea. Otro tanto debería hacer el gobierno uruguayo, no sólo en el caso de que el tribunal afirme que violó el Tratado del río Uruguay (cosa que ha hecho), sino también en el peor escenario para sus intereses: que le obligue a reubicar la planta (cosa que no ha hecho).

Por fin, la tercera parte involucrada, la asamblea de Gualeguaychú, que al parecer es un factor determinante de la política argentina en este conflicto, ya ha anunciado que lo que diga un tribunal internacional le tiene sin cuidado, y que seguirá con los cortes de puentes, lo que supone un problema añadido para quienes creen en que la superación del conflicto puede provenir del sometimiento al derecho internacional. Los asambleístas ya dejaron sentada su posición al respecto unos días antes de que Uruguay presentara una demanda ante el mismo tribunal para que obligara a levantar los cortes de los pasos fronterizos y que fue rechazada. Pues bien, antes del fallo los asambleístas dijeron que les daba lo mismo lo que resolviera el tribunal, pero una vez rechazada la pretensión uruguaya, salieron a festejar el fallo en Gualeguaychú. De modo que su reacción bien puede interpretarse del siguiente modo: ¡viva el derecho internacional (si me da la razón)!

Si no se cumplen estos requisitos, la posibilidad de que La Haya ponga fin al conflicto también se desvanecerá. Estaríamos así condenados a eternizar esta guerrita de baja intensidad entre Montevideo y Buenos Aires. Pero aun en la hipótesis más optimista de que ambos gobiernos acepten de buena -o mala- gana que La Haya tendrá la última palabra, queda la duda acerca de la postura que tomará la asamblea de Gualeguaychú, que al margen de lo que laude el tribunal acerca de si se violó o no el Tratado del río Uruguay, siempre podrá alegar que la planta contaminará (aunque hoy no se disponga de la menor evidencia en ese sentido) y que ese impacto negativo se verá dentro de diez, veinte, treinta o tal vez cuarenta años. ¿Y quién podrá persuadirlos de lo que ocurrirá o no dentro de 40 años? Y más importante aún, ¿qué postura tomará el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en esa eventualidad?

Exhibir mapa ampliado