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Jorge Barreiro
Montevideo, Uruguay

Uno de los ingredientes del discurso de la izquierda antes de llegar al poder en este país era que sus dirigentes eran más honestos que los del resto de los partidos. Durante no menos de dos décadas, los militantes del Frente Amplio no se cansaron de señalar que la clase política uruguaya estaba plagada de corruptos y que el clientelismo era una práctica habitual entre los funcionarios. Al margen de que no disponemos de un "corruptómetro" para medir si los políticos tradicionales fueron más corruptos que los de izquierda en la actualidad, lo cierto es que las denuncias sobre prebendas, lobbies, licitaciones inciertas y corrupción lisa y llana no han desaparecido del escenario político ni de los medios de comunicación, confirmando así que la corrupción (o al menos su denuncia) ha llegado para quedarse.

Al menos dos episodios en los que están involucrados altos funcionarios del gobierno son objeto de denuncias por parte de la oposición y la prensa: el ex director de Casinos del gobierno municipal de Montevideo (en manos de la izquierda desde hace casi 20 años) y actualmente director nacional de Casinos, enfrenta un proceso judicial por unas dudosas contrataciones de máquinas tragamonedas a empresas fantasmas, y el hermano del vicepresidente, Rodolfo Nin, está acusado de haber influido decisivamente en la compra de material para el Ejército a un empresario del que es amigo.

Ninguna de ambas denuncias ha sido probada aún, lo que no ha impedido que se las utilice como armas arrojadizas por la oposición y los grandes medios contra el gobierno, porque los asuntos que huelen a corrupción se han convertido en el tema predilecto de unos y otros. De creerle a este coro de moralizadores, nuestra democracia sería tan frágil que dependería de la ética de sus dirigentes.

La exagerada importancia que se le viene dando desde hace no menos de dos décadas a los episodios de corrupción en la esfera pública (directamente proporcional al vaciamiento del debate político) se debe a la convicción de que los ciudadanos prestan especial atención a la probidad de los dirigentes políticos y la demostración (o la mera sospecha) de que alguno de ellos mete la mano en la lata, como se suele decir por estas latitudes, puede aportar votos al partido contrario y lectores a los medios. Se trata de un fenómeno casi universal: la inclinación a poner la honestidad (o la deshonestidad) de los políticos en el centro de los asuntos públicos y a convertir la ética personal de cada cual en el criterio del que nos servimos para aprobar o desaprobar a un partido o a un gobierno. Y obviamente cuando la diferencia entre un partido y otro reside en la honestidad de sus miembros, entonces mis adversarios necesariamente tienen que ser corruptos. De lo contrario, ¿en qué quedarían nuestras diferencias?

La hiperinflación del tema de la corrupción es propia de una época en la que la política ha sido despojada de su densidad. Cuando las ideas y propuestas acerca de cómo organizar la sociedad o, más modestamente, de cómo resolver conflictos y problemas puntuales brillan por su ausencia, la personalidad y los atributos individuales de los candidatos ocupan el centro de la escena; cuando la política ha sido vaciada de contenido, la "moral" de los políticos se convierte en la principal preocupación de los ciudadanos; cuando en una controversia política ya no nos es posible divisar diferencias significativas, cuando todo el debate de ideas políticas discurre en una gris medianía en la que todos los gatos son pardos, "el perfil" de los políticos atrapa la atención de los ciudadanos/espectadores y cuando ya no se reflexiona sobre los fines -porque el mundo-es-como-es y nada puede cambiarlo-, sino acerca de la eficacia de los medios empleados (la técnica), los atributos personales de los gestores de la cosa pública (que es como ven los teleciudadanos a los políticos), en particular su honestidad, se transforman en casi lo único que de verdad importa.

Así, los políticos ya no son valorados por lo que proponen a la sociedad (tal sería la esencia de la política), sino por lo que son, por lo que representan como individuos, lo que los ubica en las antípodas de la política en el buen sentido de la palabra. Cuando lo que importa de un político son los atributos propios del individuo y no las ideas que somete a consideración de la ciudadanía, estamos fritos, nos ubicamos de alguna forma en un universo pre-político. Esta es una de las pendientes por las que se desbarranca la política en el mundo actual y no sólo en Uruguay. Lo que importa ahora no es lo que propone Mengano, sino si miente, si es buen padre de familia, si es fiel a su esposa o si roba o no roba. Entendámonos: no estoy diciendo que la franqueza o los embustes de un político resulten indiferentes. Lo que estoy diciendo es que la honestidad de un candidato es apenas una condición básica y elemental que debería darse por descontada en un político, no un mérito que merezca destacarse al mismo título (o acaso más como ocurre ahora) que sus propuestas acerca de cómo introducir mayor justicia y libertad en la vida de los ciudadanos.

Si el vaciamiento de la política contribuye a centrarlo todo en la bondad o maldad de los políticos, la desmedida focalización de los medios en los episodios de corrupción contribuye, a su vez, a jibarizar aun más a la política, convirtiéndola finalmente en un mero tribunal de conductas individuales. Cuando hablamos sólo (o principalmente) de la moral o la ética de los políticos tenemos garantizada la despolitización del debate público. Cuando escucho que el gran mérito del curriculum de un político es su honestidad, no puedo dejar de pensar en lo jodidos que estamos.

Cualquiera que se tome el trabajo de hacer un relevamiento de la agenda "política" y de la prensa de este país durante la última década puede constatar que los episodios de corrupción ocuparon un lugar muy relevante en ambas, y a nadie debería ocultársele que esa relevancia obedece a la convicción de muchos tele-ciudadanos de que ése es el terreno privilegiado de la política. Y hablamos de un país no especialmente corrupto. Si el relevamiento se hace en otros países, el resultado será mucho más concluyente.

La izquierda de este país ha aportado su montaña de arena a esta lamentable deriva de la política, debido a que durante la última década antes de asumir el gobierno no dejó de basar su prédica en la supuesta deshonestidad de los políticos de derecha ("los orientales honestos versus los deshonestos", he aquí una pieza medular de la retórica de la izquierda). Una de las frases preferidas del presidente Tabaré Vázquez viene muy a cuento de aquello sobre lo que propongo reflexionar: "Podremos meter la pata, pero no la mano". Una lectura nada forzada confirma lo que aquí se dice. La máxima de Tabaré Vázquez, que bien puede ser compartida por todos los políticos (y los ciudadanos), nos viene a decir que en política no es tan grave meter la pata como meter la mano en las arcas del Estado. Si se diera por buena esta aseveración, la política quedaría reducida al dilema de optar entre políticos por su ética personal, lo que equivale a reducirla a escombros.

Cuando se repite hasta el hartazgo la banalidad de que sólo la ética puede salvar a la política, se introduce una lamentable confusión en esta discusión. A la política sólo la pueda salvar ella misma, es decir la recuperación de la discusión de proyectos y propuestas argumentadas. La afirmación casi unánimemente aceptada de que el gran problema de la política actual es la falta de ética alimenta el amasijo conceptual. Como ya dijo alguien antes que yo, ante un acto de corrupción o nepotismo el que puede tener un problema ético es el protagonista del hecho, quien tal vez llegue a atormentarse por las noches bajo la almohada, pero nosotros, los ciudadanos, lo que tenemos es un problema eminentemente político, esto es decidir qué procedimientos nos damos para controlar a los eventuales corruptos, de qué mecanismos nos dotamos para evitar que algunos sujetos con poder se sirvan de él para beneficiarse en detrimento de la sociedad, un desafío que tiene poco de ético y mucho de político.

Este reemplazo de la política por la moralina explica el significativo confinamiento de los episodios de corrupción a la probidad del protagonista (da la impresión de que el sentimiento más generalizado es: "cómo nos equivocamos al votar a mengano o sultana"). No es buena cosa, naturalmente, que tengamos que ocuparnos de las trapisondas del hermano del vicepresidente Nin Novoa o del director de Casinos o de los vicepresidentes y directores de Casinos que vendrán. Pero mucho peor es que no veamos que el problema que tenemos el resto de los ciudadanos es que, a todas luces, carecemos de un sistema para controlar y sancionar a los Nin. Porque, definitivamente, una democracia de calidad no es aquella que garantiza que sus políticos serán santos libres de pecado, sino aquella que dispone de instrumentos eficaces para lidiar con ellos. Y ése no es un asunto que remita a la ética personal de los eventuales corruptos, sino a todos los ciudadanos.

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