Chile: "píldora del día después", tema clave en un año electoral

Reproducción Afiches del Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción convocando a una marcha el martes 22 de abril en la Plaza Italia de Santiago de Chile.

Paul Walder
Santiago, Chile

Hay materias que han pasado a ser el caballo de batalla del conservadurismo chileno ante las corrientes laicas y autodenominadas progresistas. La cruzada de aquellos sectores apegados a ciertas costumbres elevadas a la categoría de ley natural contra los movimientos sociales y culturales que buscan pulverizar tales hábitos es una larga y conocida escaramuza con momentos de latencia y otros de plena actividad.

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la distribución en los consultorios del sistema público de salud del fármaco Levonorgestrel, popularizada como "la píldora del día después", estaba incorporado en esta larga batalla, la que tuvo también su seguido contragolpe. A las pocas horas de conocerse el dictamen, unas trescientas mujeres se emplazaron en las puertas de ese tribunal para protestar no sólo contra sus nueve jueces, sino para expresar el repudio al grupo de 36 diputados de la UDI y Renovación Nacional que en marzo del año pasado presentó el recurso contra el programa de regulación de fertilidad del gobierno.

La reacción, que desde entonces sólo ha aumentado, no ha surgido exclusivamente desde las organizaciones sociales. Ha sido abiertamente impulsada por el gobierno, desde la misma presidenta Michelle Bachelet a todas sus ministras, que incluso han llegado a hacer proselitismo en terreno promoviendo el programa sanitario. Esta semana se supo, además, que las agrupaciones pro-anticoncepción y los abogados que las representan presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El fallo, que prohíbe la distribución pública y gratuita de la píldora, pero no su comercialización en farmacias, y cuyos detalles se conocieron hace unos días, pudo haber sido mucho más estricto. El recurso presentado un año atrás por ese grupo de diputados autodenominados "Pro Vida" buscaba eliminar prácticamente todo el programa de anticoncepción del gobierno. El retiro de circulación de dispositivos intrauterinos y otros métodos muy extendidos en Chile hubiera afectado por lo menos a un millón de usuarias y hubieran retrotraído los planes de control de la fertilidad a los tiempos previos de las primeras píldoras. Si el TC hubiese atendido todas las demandas de los 36 diputados conservadores, las políticas de anticoncepción en Chile podrían haber retrocedido unos 50 años.

Un profundo malestar ciudadano se percibe desde los múltiples foros de televisión, la cobertura de la prensa diaria, comentarios y foros en la prensa digital, rayados y carteles en los muros, marchas y concentraciones callejeras y diversos y muy pasionales mensajes en blogs. Las críticas surgen desde una ciudadanía bastante más liberal que este grupo de legisladores. Variadas encuestas registran un evidente apoyo ciudadano a las diversas políticas de control de la fertilidad y una aceptación al uso de la tan aludida pastilla. Una encuesta de Time Research realizada hace unos años en consultorios reveló que aproximadamente un 60% de las mujeres estaban conformes con la distribución del fármaco en aquel servicio.

Es necesario consignar que los chilenos han empezado a cambiar sus costumbres sexuales hace muy poco. Son cambios actuales, pero también profundos. Sólo desde el 2004 existe el divorcio en Chile, aun cuando desde 1884 había un recurso que permitía bajo un recurso legal la finalización de un mal matrimonio. Hoy, pese a la persistencia del conservadurismo y la Iglesia Católica, la ciudadanía vive con sus propias normas. Una encuesta realizada el año pasado por el diario La Tercera mostró que apenas un 36% de los chilenos acepta la postura que mantiene la Iglesia en el uso del condón, el 32% comparte su rechazo al divorcio y sólo el 28% la apoya en la condena a la píldora del día después. Por esta misma línea, otro sondeo, de la Universidad de Talca, detectó que más de un 70% de los encuestados aprueba la idea de una despenalización del aborto, lo que no está ni en discusión ni en programa.

El tema en debate es profundo y trasciende, como ya han comentado analistas, lo meramente ético, o moral, incluso lo constitucional. Cómo nueve jueces determinan los alcances de una política de salud, la que no tuvo la oportunidad de una discusión política. "Una dictadura moral", han acusado distintas organizaciones femeninas.

Pero la decisión del TC abre otra serie de interrogantes y transparenta todas las falencias de la institucionalidad chilena sobre ésta y otras materias. Como el doble estándar, la discriminación en la aplicación de normas a lo público y no a lo privado, la creciente desigualdad social y económica, la eventual legitimidad del fallo y hasta del propio TC -institución por años impugnada desde la izquierda por formar parte de la Constitución dictada por Pinochet- o la carencia de debates políticos con participación ciudadana. Las incoherencias, incongruencias, saltan por todos lados.

Como en la sesgada prohibición de la píldora sólo en los consultorios. El abogado y prestigioso columnista Carlos Peña escribía hace dos semanas: el TC tendrá que explicar por qué la distribución privada de la píldora es inocua pero se convierte en dañina si es entregada por el Estado. ¿Por qué un mismo fármaco va a ser más o menos lesivo de la vida humana según el lugar de su distribución? ¿Por qué la píldora, en opinión del tribunal, atenta contra la vida si la distribuye el Estado, y no, en cambio, si la adquiero en la esquina?".

La polémica surgió a los pocos meses de asumir Michelle Bachelet la presidencia. Sus políticas de contracepción -más enfáticas que en los anteriores gobiernos de la Concertación- se enmarcaban en un programa mayor de salud, que apunta a disminuir las brechas de desigualdad social. Cuando el Ministerio de Salud anunció que la píldora estaría disponible de forma gratuita en los consultorios del sistema público para todas las mujeres que la solicitaran, incluso las adolescentes de 14 años, sin necesidad de autorización de sus padres, la batalla con los grupos más conservadores y la Iglesia católica ya estaba desatada.

La discusión por el Levonorgestrel tiene dos posturas muy contrarias. El gobierno, gran parte de la comunidad médica y la comunidad científica chilena coinciden con la opinión de la Organización Mundial de la Salud: para ellos, la píldora no es abortiva. Para la Iglesia y los parlamentarios conservadores es abortiva y atenta contra una vida en gestación. Pero también está, como se ha visto, la ciudadanía, ampliamente favorable a su distribución.

Aquí radica la fortaleza del gobierno en esta materia. Los discursos y las acciones tienen, a diferencia de otros asuntos y eventos, el apoyo ciudadano. Por tanto, bien le hace al gobierno el debate, que se ha ocupado de estimular. Ha dicho que la prohibición es discriminatoria, que aumenta la inequidad, que pone en riesgo las políticas de salud, la planificación familiar, la prevención de embarazos no deseados. Y la derecha, sin argumentos, parece arrinconada y silenciada.

El debate crece y es posible que más de algún diputado conservador considere que se le ha escapado de las manos. De hecho, no todos sabían con claridad -según comentó la diputada de RN Karla Rubilar, que no suscribió el documento- los alcances del recurso que entonces firmaron, en tanto las diferencia entre RN y también al interior de la UDI se agudizan.

El fallo ha resultado tan impopular que alcaldes de diversos partidos han anunciado que algún pliegue legal les otorga autonomía a la hora de repartir la píldora. Hay mecanismos, y también hay ánimo de polémica y confrontación. Este es un año electoral.

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