Uribe enfrenta otro escándalo y se aleja de una nueva reelección

AP Yidis Medina, la ex congresista cuyo testimonio admitiendo su delito parece haber sepultado las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe.

Antonio Morales Riveira
Bogotá, Colombia

Agobiado por la llamada parapolítica, que tiene a 32 de sus congresistas en la cárcel y a 64 investigados por la Corte Suprema de Justicia, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un nuevo escándalo que ha socavado casi definitivamente su ambición de volverse a hacer reelegir y ha puesto al gobierno en la picota pública.

Se trata, esta vez, de la confesión ante la Corte de la ex congresista Yidis Medina, quien se inculpó del delito de cohecho por haber cambiado beneficios clientelistas (puestos para sus amigos) por su voto como representante a la Cámara, que fue definitivo para aprobar en el 2006 la reelección de Uribe, contra viento y marea -y contra la Constitución, reformada gracias a la decisión de la propia Medina y de otro ex congresista igualmente investigado, Teodolindo Avendaño, quien según las pruebas de Yidis (las llamadas "colillas" de los cheques) recibió 200 millones de pesos (100.000 dólares) para ausentarse el día de la votación y permitir de este modo la reelección.

Pero como el delito de cohecho implica a dos tipos de delincuentes, quien recibe las prebendas y quien las facilita, Yidis ha confesado que el arreglo lo hizo con el ex Ministro del Interior Sabas Pretelt (hoy embajador en Italia) y que del "negocio" también participó el todavía ministro de Protección Social Diego Palacio. De tal modo que en este caso para bailar no solo se necesitaron dos, sino que, según Yidis, fueron varios los parejos enviados por Uribe que bailaron esta ronda malsana y corrompida, y varios sus amigos que recibieron cargos del Estado, entre ellos, una apetecida notaría. Frente a la cual no sólo hay una delincuente confesa que pide rebaja de penas por haber dicho la verdad, sino aparentemente pruebas técnicas y hasta versiones de prensa según las cuales Pretelt se habría entrevistado con varios narcos y paramilitares, amigos del uribismo y socios de los parapolíticos, para potenciar la reelección.

Lo más desconcertante del hecho es que desde hace dos años se sabía de esta transacción que salpica al propio presidente Uribe, pero sólo hasta hace unos días en una entrevista de televisión con el periodista Daniel Coronell, Yidis "cantó". Desde las toldas uribistas siguen haciendo eco de las declaraciones del presidente, quien dijera que el gobierno "persuade y no compra conciencias", lo cual tiene tanto de exonerante como de culpabilizante.

Algunos han dicho que son normales este tipo de "canjes"; por ejemplo, el especialista Alfredo Rangel, una especie de gran analista militar que vive de mancorna con el Ministerio de Defensa, quien sin sonrojarse ha dicho: "es preciso preguntarse dónde termina la transacción política legítima y dónde empieza el delito de cohecho. En todas las democracias liberales, es una práctica habitual y legítima que los gobiernos utilicen sus recursos de poder, como inversiones públicas, apoyos presupuestales, asignación de cargos oficiales, etc., con el fin de obtener apoyos políticos a sus iniciativas gubernamentales". ¿El delito sólo lo es depende de quién lo cometa, entonces?

Uribe ha sido, desde el 2002, un experto en utilizar funcionarios "fusibles" para lograr determinados objetivos non sanctos. Muchos ellos se han quemado: salen de sus cargos y todo se olvida. Pero esta vez los fusibles de alto vuelo, Pretelt y socios, no sólo se van a quemar, sino que lo harán, si la Justicia sigue su camino normal, en la cárcel, donde se unirán a los congresistas uribistas que apoyaban al asesino paramilitarismo, encabezados en la mirada pública por el primo del Presidente, el señor Mario Uribe, quien tratara de fugarse a Costa Rica ¡alegando ser un perseguido político! Y si por alguna razón se logra demostrar que los altos funcionarios son culpables de cohecho y son juzgados, habría que investigar a la persona que determinó ese cohecho, la que se benefició, y esa mirada caerá directamente sobre Alvaro Uribe.

Pero también todo este lío adquiere proporciones más grandes debido a la coyuntura política general, en la cual el Presidente no ha querido aceptar que buscará una segunda reelección, así sus partidos recojan firmas, los "intelectuales" del régimen la sustenten y el propio Presidente, con su ambivalencia, haga que se confirme que no quiere dejar el poder y que acudirá, como ya estamos viendo que lo hizo, a estratagemas y estrategias que bordean el Código Penal o que de hecho se incrustan en él como manifiestos delitos.

Las reacciones en el país han sido como siempre diversas y se han dado en el marco de una cada vez mayor polarización. La oposición organizada, el Partido Liberal y el Polo Democrático, se han lanzado al ataque, pero numerosos personajes, políticos y comentaristas hasta hace poco neutrales se han mostrado críticos con Uribe, y para la mayoría todo esto hace inviable política y moralmente una segunda reelección. El caso más patente es el del ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, un tácito uribista, quien desde su condición de moralista, o de moralizador académico, ha pedido (como la verdadera oposición) la renuncia del Presidente por haber cometido un delito.

Y en el campo del Gobierno las patinadas son evidentes. Tras la publicación de la entrevista de Daniel Coronell, Uribe dijo para defenderse que dicha entrevista había sido editada y manipulada y que los comités de ética deberían controlar a ese periodista, en una velada alusión a la censura de prensa. Esa mentira ha quedado en evidencia tras la confesión puntual y total de Yidis Medina.

Pero los enredos de Uribe hoy lo amenazan inclusive con empezar a andar el camino del ex dictador peruano Alberto Fujimori, igual de sólido en las encuestas y hoy en la cárcel; o, por ejemplo, terminar en un tiempo, cuando haya decidido abandonar su poder omnímodo, en una corte internacional. Y es que sus problemas, que han perfilado la más grave crisis política en los últimos sesenta años de la historia de Colombia, son múltiples, aunque siga teniendo un 80% de popularidad en las encuestas, fabricadas por encuestadores cercanos al régimen en apenas cuatro ciudades y en precisos sectores sociales.

Crisis de justicia en la reinserción y juzgamiento de los jefes paramilitares y sus bandas, casi un tercio del congreso sub-júdice y en él 90% uribista, problemas con los países vecinos, Ecuador y Venezuela, una guerra que aún no le gana a las Farc a pesar de los golpes dados, indicios de freno en la economía, grandes protestas populares, una oposición híperactiva, un primo preso, ministros camino de la prisión, enfrentamiento con la Corte Suprema, a la cual quiso hacer desaparecer para cambiarla por un tribunal nombrado por él (Uribe ha demandado al Presidente de la Corte por calumnia), el TLC con los Estados Unidos embolatado en gran parte debido al asesinato de 24 sindicalistas en lo que va corrido del año (en Colombia solo quedan 800.000 trabajadores sindicalizados, y hemos regresado a los niveles de los años 40, con una población cuatro veces más grande), resurgimiento y empoderamiento de una segunda generación de paramilitares, los llamados Águilas Negras, que se multiplican en un país supuestamente tomado por el ejército y la Seguridad Democrática, iguales índices de cultivos de coca y de exportación de cocaína... En fin, enormes problemas, y el Presidente, como siempre, casando nuevas peleas en medio de una arrogancia que raya con megalomanías francamente patológicas.

Grave, todo muy grave, aunque hay quienes aseguran que la crisis ya pasó y que Uribe, como siempre, saldrá airoso de los peores entuertos y las más complicadas irregularidades. Esta vez quizás no. "Trop c´est trop", demasiado es demasiado, como dicen los franceses. Y dada así la situación, los líderes de este país siguen hablando. Unos para sonar las alarmas y otros para coleccionar babas. Mientras el ex alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, ha puesto en el tapete la posibilidad de un golpe militar como recambio de facto ante un gobierno de semifacto, para el Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo (quien tan solo ha logrado dizque desmovilizar a los paramilitares que apoyaron a los congresistas, que apoyaron a Uribe que apoyaron la reelección, que apoyan a Sabas Pretelt, etc, etc.). La única solución es acabar con los diversos partidos uribistas, llenos de paramilitares presos o libres, y crear uno nuevo. Es decir, refundar el uribismo, lo cual viene a ser lo mismo que refundar la impunidad que la Corte trata de corregir. Quizás a Restrepo lo llaman el "doctor Ternura" por su infantil ingenuidad, o irónicamente, por su perversa psicología de cómplice.

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