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AFP
La presidenta argentina hablando desde la Casa de Gobierno por tercera vez a raíz del "lock-out" agrícola.
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Oscar Raúl Cardoso
Buenos Aires, Argentina
Es temprano aun para saber si las medidas anunciadas ayer lunes por la presidente Cristina Fernández de Kirchner resultan suficientes para contener la ira del sector agropecuario -y lograr el levantamiento del paro empresario de más de dos semanas que ha empujado al país hacia el desabastecimiento alimentario-, pero lo que sí dejó en claro es el nervio vivo del principal problema de su administración: después de un lustro de crecimiento económico debe dirigir su atención al problema de la distribución del ingreso.
En un discurso con un tono que ganó en moderación e hizo un auténtico esfuerzo por obviar los ángulos más conflictivos en las diferencias con los ruralistas sublevados, incluyendo la ausencia de menciones a la "codicia" presuntamente subyacente tras las demandas del sector y a la historia que al menos tres de las entidades organizadoras de la protesta -Sociedad Rural, Coninagro y CRA (la cuarta, Federación Agraria está por encima de sospecha en esta materia)- tienen de vincularse con las dictaduras militares del siglo pasado. La presidenta hizo incluso una referencia a que "está bien" buscar la riqueza personal cuando se refirió a las ganancias del sector en los últimos años.
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Cristina se reservó la parte política de la exposición, dejando esta vez a su ministro de Economía, Martín Lousteau, el anuncio de medidas compensatorias al aumento impositvo dispuesto el pasado 11 de marzo que actuó como disparador del presente conflicto que este martes cumplirá su día 20 de desarrollo. Aquel elevó al 44% (estaban en 35% antes de eso) las retenciones móviles (varían según lo hace el precio internacional del producto) a la soja, el cultivo que ha crecido geométricamente en la Argentina, con un rendimiento por exportación que no se compara con ningún otro grano.
El gobierno anunció que implementará el reintegro bancario de esas retenciones a casi el 80% de los productores de soja y girasol (otra producción en debate), reinstalará el concepto de "puerto seco" eliminado por Carlos Menem en los años 90 (el subsidio al transporte de los granos para quienes tengan sus campos lejos de los puertos de embarque de la producción), aumentará líneas de crédito y creará una nueva subsecratría nacional para atender la problemática del pequeño agricultor. Para definir quién estará comprendido por el beneficio del reintegro el gobierno fijó el tope de 500 toneladas para la producción de soja.
Lousteau anticipó también medidas que beneficiarán a los productores lecheros, un diálogo con los ganaderos y descuentos en las tasas de interés de los préstamos agropecuarios del Banco Nación, la más importante banca estatal del país. El joven ministro de Economía -cuya habilidad política ha sido puesta a prueba por el conflicto- explicó que aun si mantuviera para todos el nivel de retenciones del 11 de marzo, los productores ganarían hoy más por tonelada que lo que pensaban obtener cuando vendieran la cosecha que aguarda en los campos.
En el final Lousteau introdujo el tema impositivo como herramienta de control de los precios domésticos, señalando que el sistema permite un equilibrio para realizar concesiones, subsidios y otras ventajas que permitan a la población acceder al alimento a valores moderados. Este final le dio el pie a la intervención de Cristina, que de inmediato marcó la necesidad de limitar el crecimiento del cultivo de soja para que los campos argentinos vuelvan a producir más maiz, trigo y ganado, cuyas producciones se redujeron en los pasados años. También habló de la seria limitación que los campos sojeros tienen para proveer empleos. Cien hectáreas sembradas demandan apenas uno o dos trabajadores, mientras que -por ejemplo- la misma extensión de cítricos requiere de 50 puestos de trabajo.
Cristina hizo énfasis en el problema de la injusticia social, admitiendo que, a pesar de cinco años de crecimiento económico casi sin precedentes, la Argentina sigue siendo "un país injusto". Este problema está en el centro de las asignaturas de los gobiernos sucesivos de los Kirchner -primero Néstor y ahora Cristina-; es un tema que seguirá creciendo cualquiera sea la forma en que se resuelva este conflicto.
El problema ahora es que las medidas -todas ellas estaban en carpeta oficial antes del "lock out"- no parecen satisfacer a los rebeldes, que no sólo podrían continuar con el paro, sino también con los cortes de ruta que tantos problemas han causado durante las pasadas semanas. Si éste fuera el caso, la posibilidad de diálogo de partes atravesaría un incómodo cuello de botella, porque no se podría descartar el uso de las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) para lidiar con los productores.
» Hable con Oscar Raúl Cardoso
Terra Magazine