Estándares documentales abiertos y democracia de datos

Microsoft/Cortesía Los formatos de datos impuestos desde hace años por Microsoft con, por ejemplo, su paquete Office (Excel, Word, PowerPoint, etc) ya están siendo cuestionados seriamente y hasta fueron reemplazados por formatos de código abierto en algunos países.

Claudio Ruiz Gallardo
Santiago, Chile

Buena parte de las condiciones razonables para la vida en comunidad dependen de la estandarización de prácticas comunes. Sin estandarización, conducir por nuestras ciudades sería algo bastante cercano al caos, o, por ejemplo, usar equipos electrónicos supondría escoger un tipo de conector diferente para cada lugar donde queramos conseguir energía. Sin estandarización, probablemente no comprenderíamos a cabalidad qué cantidad de fruta realmente estamos comprándole a nuestro verdulero. En Internet, de no tener estándares de documentación, tendríamos que usar distintos software para visitar cada página web.

Muchas veces los procesos de estandarización también tienen que ver con los aspectos más sensibles de los asuntos públicos. En este contexto, estos días se está produciendo un interesante proceso de discusión en Nueva York y Minessota respecto de cuál será el tipo de formatos documentales con los que trabajarán los distintos departamentos estatales. Además, se está haciendo un exhaustivo análisis de la conveniencia de adoptar estándares documentales abiertos por parte de la administración.

En principio, este tema resulta excesivamente árido y técnico, pero la verdad es que los avances de la tecnología suponen que sea un asunto excepcionalmente importante y con impensadas consecuencias. El que hoy los formatos de documentación propietarios sean un estándar de facto (común es nombrar como genérico formatos como Powerpoint o Excel) y que además Microsoft tenga un estándar de facto en los sistemas operativos que hacen funcionar nuestras computadoras, hacen que el problema y sus consecuencias eventuales se vean diluidos.

Sin embargo, hay por lo menos dos grandes problemas que supone la utilización de estándares privativos en la documentación pública. En primer lugar, que la administración pública trabaje con estándares documentales cerrados supone poner barreras de acceso insalvables para sectores de la población que no cuentan con poder adquisitivo para pagar licencias de uso de programas computacionales privativos. Así, por ejemplo, resulta inaceptable que los contribuyentes no puedan declarar impuestos a través de Internet si no usan un determinado sistema operativo, y también es inadmisible que el público no pueda acceder a las bases de datos de legislación en línea debido a que para poder acceder es necesario hacerlo sólo a través de sistemas computacionales propietarios pagados.

Pero, en segundo término, hay un efecto más pernicioso, que tiene relación con la dependencia tecnológica que supone la utilización de estándares documentales cerrados. El uso de este tipo de estándares implica estar casado con un tipo particular de tecnología propietaria, no sólo para hoy, sino también para el futuro. Si el día de mañana la administración desea migrar sus contenidos a otras plataformas, el costo será importante, principalmente porque será necesario rescatar los documentos que se encuentran en formatos obsoletos que resultan ilegibles para la tecnología del futuro. Y esto dista de ser ficción, puesto que hoy existen cantidades ingentes de documentación pública que se encuentran en formatos como Lotus o WordStar y que para poder acceder a ellos y manipular dicha información -que por lo demás es pública- estamos condicionados a utilizar arcaicos programas propietarios.

Por todo lo dicho, resulta relevante dar una mirada profunda respecto de la forma en la que la documentación pública será almacenada y accesible por parte de funcionarios y ciudadanos, relevando la necesidad que los estándares que se sigan permitan acceso. Sólo de esta manera es posible pensar en la tecnología como una herramienta importante para el desarrollo igualitario, justo y accesible.

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