Indígenas amazónicos luchan por territorios comunales

EFE Más de 3.000 indígenas de las etnias awuajun y wampis se tomaron la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Corral Quemado (Amazonas), para portestar contra las medidas estatales.

Armados con lanzas, arcos y cerbatanas, vistiendo kushmas, el rostro y el cuerpo pintado con tintes naturales derivados del achiote (rojo) y el huito (negro), miles de indígenas de la amazonía peruana (machiguenga, candoshi, awajún, aguarunas, huambisas, entre otras comunidades étnicas) se han declarado en paro nacional indefinido contra la ofensiva legislativa que pretende flexibilizar la compra venta de sus tierras comunales.

Los Pueblos Indígenas Amazónicos están representados por la AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana) que está formada por 1.340 comunidades indígenas repartidas en el norte, centro y sur de la amazonía peruana. Su líder, Segundo Alberto Pizango Chota, ha declarado que "morir en defensa de su territorio será un honor".

En cuatro departamentos, Amazonas, Ucayali, Loreto y Cusco, se han producido acciones concertadas: bloqueos de carreteras de penetración, cortes del transporte fluvial, y toma de instalaciones de generación de energía (centrales hidroeléctricas), estaciones de petróleo y de gas natural.

El gobierno ha decidido no negociar con los indígenas amazónicos hasta que depongan sus medidas de fuerza. En consecuencia, ha declarado el estado de emergencia por treinta días en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate en la provincia de La Convención (Cusco). Esta medida busca garantizar el flujo energético a toda la población nacional y crear las condiciones legales para una legítima represión contra los indígenas.

Los voceros del gobierno han declarado sucesivamente que los indígenas están siendo manipulados por las ONGs, que hay infiltración política de grupos radicales y que la actitud de sus dirigentes propugna la violencia. En todas estas descalificaciones, subyacen los prejuicios coloniales que consideran al indígena como un incapaz de tomar sus propias decisiones, un ser irracional y peligroso.

El nudo de la disputa está formado por los decretos legislativos 1015 y 1073. La primera norma dictada por el Ejecutivo establece la posibilidad de la venta y disposición de las tierras comunales con la mera aprobación del 50% de los asistentes a una asamblea. La segunda norma modifica el 1015, pero mantiene la misma lógica: los terceros podrán comprar tierras teniendo como único requisito "el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año".

Ambas normas violan los artículos 88 y 89 de la Constitución que obligan al Estado a respetar la autonomía, identidad y bienes de las comunidades campesinas y nativas. Su promulgación intempestiva contraviene el Convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a las comunidades todas las medidas que afecten sus intereses, como la disposición de sus tierras.

Alan García, presidente del Perú, publicó el año pasado un artículo titulado "El síndrome del perro del hortelano". En él defendía la necesidad de crear riqueza en la Amazonia mediante la inversión privada y el derecho a la propiedad sobre las extensas tierras "muertas" o abandonadas. Mencionó que se debía respetar los bosques vírgenes, pero que había ocho millones de hectáreas que podían y debían servir para la instalación de las empresas extractivas formales, las cuales crearían un millón de empleos.

Como buen comunicador, las ideas de García son de una sencillez desconcertante, ha convertido un antiguo refrán en toda una filosofía de Estado. Lo que olvida el Presidente es que hay más de 300.000 indígenas amazónicos en territorio peruano que no se rigen por la lógica del capital y de la productividad, sino que poseen ancestralmente las tierras amazónicas y que desconfían de la inversión privada porque esta rara vez ha traído mejoras para sus pueblos.

No se debe dejar de reconocer que los miembros de las comunidades tanto andinas como amazónicas, viven en su gran mayoría en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Algunas comunidades han logrado negociar con las empresas y han obtenido no solo desarrollo económico sino respeto a sus costumbres y tradiciones.

Alberto Pizango pertenece a la comunidad indígena chayauita, es licenciado en educación primaria y tiene estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su discurso político no se limita a la defensa del orden tradicional, sino que tiene resonancias globales: defiende el derecho al territorio como un atributo de la identidad cultural de las comunidades originarias y proclama a los indígenas defensores del medio ambiente en lucha contra las empresas mineras, petroleras y forestales, responsables de la contaminación y la deforestación.

Asistimos a un conflicto que rebasa lo legal ya que se enfrentan dos cosmovisiones. Una impulsada por el gobierno que apuesta decididamente a privatizar las tierras comunales amazónicas para promover la inversión de las grandes empresas extractivas y que apunta implícitamente a la disolución de las sociedades tradicionales. La otra fundada en un derecho consuetudinario que privilegia lo colectivo sobre lo individual, defiende un mundo rural que se resiste a integrarse plenamente a los mercados globales, pero busca articularse con las redes globales del multiculturalismo contemporáneo.

Los indígenas amazónicos consideran que en sus bosques, tierras y ríos habitan los espíritus que les dan sentido a sus vidas y que cohesionan a sus comunidades, y eso -como el lema de la tarjeta de crédito MasterCard- no tiene precio.

En la noche del martes 21, una comisión del Congreso aprobó derogar los dos decretos en cuestión. Esto ha sido considerado un triunfo de los indígenas amazónicos que ya empiezan a abandonar sus medidas de fuerza. Además, revela la brecha entre un Ejecutivo dispuesto a todo por la promoción de la inversión privada, y un Parlamento más atento a las diferentes sensibilidades y racionalidades de un país multicultural.