Cada 10 días mueren dos mujeres por maltrato

Getty Images Entre abril de 2007 y abril de 2008 se recibieron 17.584 denuncias de malos tratos en juzgados de cuatro estados, de los cuales sólo 20 llegaron a juicio

Son las dos de la madrugada. María está en la cama y siente que la puerta de la casa se abre y cierra. Escucha a alguien en la sala que viene hablando solo y que se tropieza con los muebles. Ella se levanta, abre la puerta del cuarto y se encuentra de frente con su marido, quien ha bebido y le comienza a reclamar que no lo hubiera esperado y que no tuviera la cena lista. María le dice que va a preparar algo de comer, pero eso no lo contenta y acto seguido le suelta un manotazo en la cara.

Historias de abuso como estas ocurren en Venezuela cada 15 minutos, según cifras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales también revelan que cada 10 días 2 mujeres mueren como consecuencia de los maltratos que les propinan sus parejas.

Estas escalofriantes estadísticas forzaron a la Asamblea Nacional a dictar, en marzo de 2007, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento que tipifica 18 tipos delictuales, los cuales van desde los físicos, psicológicos hasta los económicos y laborales. Asimismo, el texto crea unos juzgados que se encargarán exclusivamente de analizar los casos de ataques de género, y ordena la apertura de centros para acoger y proteger a las mujeres agredidas.

A un año de la entrada en vigencia del texto legal, la ministra de Asuntos para la Mujer, María León, en declaraciones a Terra Magazine aseguró que su principal logro es que "el problema de las agresiones hacia las mujeres se está visibilizando. Ahora las mujeres decidieron denunciar los abusos que sufren, mientras que antes tenían el concepto de que los trapos sucios se lavaban en la casa o en la cama y no se atrevían a denunciar ante la policía ni ante los tribunales, organismos que tampoco se molestaban en atenderlas. Se está creando conciencia de lo grave de la situación".

Lluvia de quejas

Lo dicho por la funcionaria gubernamental es corroborado por la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ y cabeza de la Comisión encargada de poner en marcha los nuevos tribunales especializados en violencia de género, quien informó que entre abril de 2007 y abril de 2008 se recibieron 17.584 denuncias de malos tratos en los juzgados de cuatro estados del país, de los cuales sólo 20 casos terminaron siendo llevados a juicio.

"En Caracas se iniciaron 12.557 investigaciones. Este volumen de causas colapsaría los tribunales ordinarios. Si dejamos esto en manos de los tribunales ordinarios la resolución de los casos va a ser totalmente demorada, mientras que pasando a la jurisdicción especial va a haber mayor prontitud", afirmó en conversación con Terra Magazine.

Jaimes achacó la demora en la apertura de los primeros juzgados a la falta de recursos económicos y a lo complejo de la selección del personal. La ley le daba al TSJ un año para hacerlo, lapso que venció en marzo pasado. No obstante, prometió que el 15 de junio serán inaugurados los primeros ocho despachos, los cuales estarán ubicados en la capital venezolana, y dos meses después se abrirán catorce más en los siete estados con mayor número de delitos de género.

Recientemente se conoció que el alto tribunal ya escogió a los 8 jueces que ocuparán estos tribunales especializados y que seis de ellos son mujeres. Al ser interrogada sobre la posibilidad de que se cometan atropellos contra los hombres, tomando en consideración que son los principales agresores y que la juzgadoras serán del sexo opuesto, la magistrada replicó: "Debe quitarse de la imaginación de la gente, de los hombres y de las mujeres que estos tribunales fueron creados para atizar un enfrentamiento entre estos dos sectores. No es posible que haya un enfrentamiento entre hombres y mujeres o entre mujeres y hombres, pues esa no es la finalidad de la ley ni de los juzgados. El objetivo es acabar con la violencia venga de donde venga".

Los jueces contarán con el apoyo de un equipo multidisciplinario, integrado por abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos y trabajadores sociales, el cual lo asesorará al momento de tratar tanto con la víctima como con su victimario y a la hora de sentenciar.

Gobiernos central, regionales y municipales en mora también

El TSJ no es el único ente que ha incumplido los mandatos establecidos en la novísima Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues los gobiernos central, regionales y municipales también han sido incapaces de abrir los centros de acogida o 'casas de abrigo' ordenadas por el texto legal, reconoció la ministra León.

"Nuestras casas de abrigo son dos, las cuales establecimos para dictar pauta sobre cómo deben funcionar y cuáles son sus necesidades. Ahora cada estado debe responder y abrir al menos una casa de abrigo, pues ya existen los modelos", señaló, aunque no precisó los motivos y razones por los cuales el Ejecutivo Nacional no ha instalado un mayor número de centros.

Por último, la funcionaria aseguró que su despacho destinará recursos a formar sobre este flagelo y para tratar a los agresores, que en el 67% de los casos son los esposos y/o los concubinos de las víctimas.