Sin el pan de cada día

EFE El presidente Colombiano, Álvaro Uribe (izquierda), saluda al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejia momentos previos a una reunión en el Palacio de Nariño de Bogotá.

Javier Darío Restrepo
Bogotá, Colombia

Las cifras sobre pobreza y miseria publicadas en estos días, muestran su rostro más siniestro cuando se convierten en los porcentajes del hambre.

El Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional de la Universidad Nacional comprobó, hace tres años, que el ritmo del crecimiento del hambre en Colombia supera el promedio del mundo en desarrollo. El mismo hecho alarmó a los investigadores de Pastoral Social, del episcopado, a quienes interpretó el titular de primera página de El Colombiano: "Cinco millones de colombianos se acuestan sin comer nada" y como subtítulo: "la Iglesia advirtió que la crisis humanitaria del país es la tercera más grave en el mundo" (20-09-06). El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, adelantó en 2005 una encuesta nacional de situación nutricional que le permitió concluir que en el 58% de los hogares campesinos, un miembro de familia se acuesta sin comer; lo mismo sucede en el 35% de los hogares urbanos. Las cifras de la FAO confirman el fenómeno: "la mayor cantidad de población sin acceso suficiente a los alimentos se encuentra en Brasil, (15,6 millones) y en Colombia (5.7 millones.)".

Pero aún más dramáticas son las cifras de muertes por hambre. Un estudio del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional encontró que en Chocó, Boyacá y Nariño es donde más niños mueren de hambre. En todo el país se calculan, al menos, 2700 muertes por hambre al año.

La investigación puso al descubierto un dato revelador: la mayor posibilidad para morir de hambre se da en las zonas en donde hay mayor incidencia de los megaproyectos de minería, petróleo y agroindustria.

Contra toda lógica humana, la agroindustria no se está ocupando de la producción de alimentos, sino del aprovechamiento de los alimentos para producir agro combustibles.

La agroindustria en Colombia está celebrando el hallazgo de los biocombustibles con una alegría parecida a la de los descubridores de pozos de petróleo. Los biocombustibles se pueden obtener del maíz, la papa, la remolacha, la yuca, el girasol, la soya y la zanahoria, elementos que antes servían para alimentarse y que hoy producen etanol. Colombia se convirtió en el segundo productor de biocombustibles de Latinoamérica, con 365 millones de litros anuales, más 73 millones de biodiesel. Según la FAO, estos productos al reducir la disponibilidad de cereales en el mundo, aumentó el número de víctimas del hambre. En sus cálculos, los 848 millones de hambrientos que había en el mundo se elevaron a 923 por el aumento en los precios de los alimentos. La demanda mundial por el maíz, la yuca o la caña, han afectado los precios y la extensión cultivable para alimentos. Lo sintieron los mejicanos cuando sus tortillas de maíz costaron 400% más, y los colombianos cuando se duplicaron los precios de la panela.

Nuestros agroindustriales le están apostando tan decididamente al negocio que Colombia se ha convertido, entre 223 países, en el sexto con el mayor potencial de exportación de biodiesel. Es un negocio atractivo que ha convencido a las empresas multinacionales del petróleo a incrementar en ocho veces sus inversiones en agro combustibles durante el período 2004 a 2007.

El origen del hambre no hay que buscarlo solamente en la injusticia y en la mala distribución de la riqueza. También en los criterios para producir riqueza. Cuentan, además, las políticas oficiales, que en vez de contribuir a la desaparición del hambre, han operado en sentido contrario. Es el caso de la reforma tributaria de 2007 que gravó los alimentos de la canasta básica en un 10% Y agrega la especialista Patricia Barrera: "la privatización del recurso hídrico nacional, la autorización a la siembra y comercialización de semillas transgénicas, y la coacción al campesinado para integrarse al sector de los agro combustibles". Anotó El Espectador (11-02-09) "el excesivo proteccionismo y la proliferación de subsidios con los que se dio preponderancia a los empresarios acaudalados." Concluía El Tiempo: "Está claro que en materia de pobreza, está casi todo por hacer" (26-08-09).

Desde luego, hay planes ambiciosos para el 2010, cuando terminan 8 años del gobierno Uribe. Para entonces se anuncian 725 mil familias en la Red de Seguridad Alimentaria y un millón 300 mil niños en los Desayunos infantiles, más 3.800.000 escolares en el programa de restaurantes, pero lo que logra hacer con una mano, el gobierno lo deshace con la otra al "impulsar dinámicas de empobrecimiento y abandono del campo" que es la conclusión de la Plataforma de Derechos Humanos, de la Campaña por el Derecho a la alimentación.

El gobierno colombiano no solo no ha reconocido la existencia del problema del hambre, además ha enderezado sus políticas a la protección de los más poderosos.

Cuando se cayó la reforma rural, porque la Corte halló que indígenas y negros, afectados por ella, no habían sido consultados, se repitió el argumento que catorce meses antes había invocado contra la Ley Forestal. A la hora de disponer de los recursos nacionales, el interés de los más débiles no es prioridad. Así quedó expresado cuando el gobierno quiso entregar a la agroindustria una valiosa posesión de 17 mil hectáreas que debía adjudicarse a campesinos desplazados. El argumento fue la incapacidad de los campesinos para explotar unas tierras que en manos de los agroindustriales rendirían pingües ganancias.

El atolondrado ministro ejecutor de estas políticas, poca responsabilidad tiene porque se ha limitado a ser un sumiso y desvaído calco del presidente Uribe; pero el hecho es claro: a pesar de la abundancia de los recursos del país, cinco millones de colombianos carecen del pan de cada día, porque los débiles y las víctimas no son, todavía, una prioridad política.